Listado positivo y el resto de prohibiciones de venta y comercialización y cría de animales, viola los principios de seguridad jurídica, ya que la norma expuesta no se adecúa a los mismos, pues no es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Las leyes internacionales de comercio de especies (CITES -Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y sus consiguientes normativas europeas CE/UE 338/97, 865/2006, 939/97, 709/2010 y 101/2012, están por encima del ordenamiento de leyes nacionales y se han de cumplir por la administración. Esta normativa está asimilada en la Ley 42/2007 en su Artículo 73. Comercio internacional de especies silvestres.
El siguiente problema es que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 según Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no se le atribuye legalmente competencias en materia de comercio de animales exóticos y autóctonos, estas competencias corresponden al Ministerio de Transición ecológica y Reto Demográfico.
El comercio regulado se ha estado organizando para cumplir con los estándares de seguridad veterinaria y comercio justo, supervisado por organismos internacional por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de las Naciones Unidas y Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por tanto, prohibir la comercialización de animales u sus derivados iría en contra del tratado internacional. La resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007, titulada “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, reconoce y respeta las prácticas tradicionales indígenas que contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la buena gestión del medio ambiente.
Alienta a los Estados Miembros apoyen y que aumenten la capacidad de las comunidades locales para buscar oportunidades de subsistencia sostenibles, incluso a partir de los recursos de la vida silvestre local, reforzando los derechos y la capacidad de los miembros de esas comunidades para gestionar la fauna y flora silvestres y obtener beneficios de ellas, para que erradiquen la pobreza, entre otras cosas promoviendo alianzas innovadoras para conservar la fauna y flora silvestres mediante responsabilidades de gestión compartida, tales como las zonas de conservación comunitaria, las alianzas público-privadas, el turismo sostenible, los acuerdos de participación en los ingresos y otras fuentes de ingresos como la agricultura sostenible.
Los listados positivos negarán tácitamente la posibilidad a los pueblos indígenas utilizar sus recursos naturales como medio de subsistencia, incumpliendo los acuerdos internacionales firmados y refrendados legalmente, que según la constitución forman parte del ordenamiento jurídico y cuya jerarquía normativa está por encima de las leyes nacionales.
Tal es el caso que la aplicación de listado positivo atenta directamente contra el Artículo 43 y 45. de la Resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo, y nada de las leyes que se puedan aprobar debe menoscabar o suprimir derechos de estos pueblos, mencionar que tienen derecho a utilizar sus recursos naturales, y que esto será velado por las Naciones Unidas y es de obligado cumplimiento por los estados miembros, es más, los estados miembros deben ASISTIR y NO prohibir sino para asegurar la conservación y protección, la aplicación del listado positivo negará un derecho exclusivo de los pueblos indígenas a su propia autogestión.
La aplicación del borrador impedirá que los recursos naturales gestionados legalmente mediante el comercio regulado sean distribuidos ordenadamente en beneficio de los países exportadores, cercenando sus intereses arbitrariamente y sin consentimiento por estos, este cambio está basados en ideologías y no en datos científicos, La prohibición del comercio conllevaría la pérdida del sustento de millones de familias en países en vías de desarrollo.
El comercio está controlado y regulado por cada país y además está supervisado por las Naciones Unidas para gestionar los recursos económicos y su posterior distribución, se vigila que los países desarrollados cumplen con las exigencias del protocolo con el fin de poder desarrollar los proyectos en los países indígenas y la defensa de sus intereses.